Como asociación que representa principalmente a directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile, en primer lugar, rechazamos categóricamente las acciones delictivas cometidas por un grupo minoritario de funcionarios. Este grupo no representa más del 0,2% del total de los aproximadamente 20 mil funcionarios de la institución.

Resulta aún más irresponsable que, ante hechos tan graves, las máximas autoridades de gobierno —ya en retirada— anuncien de manera estruendosa a la ciudadanía medidas de carácter propagandístico, las cuales no contribuyen en nada a prevenir este tipo de delitos. Esta actitud es particularmente inaceptable cuando, desde la propia cúpula gubernamental, se pretende utilizar la Institución y sus funcionarios/as como chivo expiatorio para demostrar- a estas alturas-  un supuesto legado de probidad.  La gran mayoría de los funcionarios/as son gente proba y trabajadora.

Llama la atención que, en este contexto, se pretenda afectar a la inmensa mayoría de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, desarticulando misiones esenciales como la custodia y la reinserción social. Estas funciones representan un todo integral en los servicios penitenciarios, de países democráticos, son un aporte fundamental a la seguridad pública, al reducir la reincidencia delictual. 

Sobre este estruendoso anuncio de improvisación política, manifestamos lo siguiente:

1.⁠ ⁠La información recabada hasta el momento nos permite señalar que, en lo medular, esta iniciativa tendría como propósito que  funcionarios no uniformados dejaran de pertenecer a Gendarmería de Chile y pasaran a integrar una nueva institución —cuyo nombre incluso se desconoce—.

Este anuncio genera una serie de interrogantes. Entre ellas, anticipamos las siguientes:

1. Deja a más de 20 mil funcionarios en la más absoluta incertidumbre, dado que, si bien realizar una reforma constitucional puede resultar relativamente factible, su implementación orgánica es sumamente compleja y afecta esencialmente al estamento no uniformado. Cabe destacar que los Centros de Reinserción Social (CRS) y Centros de Apoyo a la Integración Social (CAIS) —donde actualmente cumple condena cerca del 60% de la población penitenciaria del país— operan principalmente con personal no uniformado. Además, estas unidades presentan los mejores índices en la reducción de la reincidencia delictual.

Actualmente son Unidades Penales.

¿Con esta reforma, dejaran entonces de ser Establecimientos Penitenciarios?

1. ¿El personal no uniformado de las Áreas Técnicas que realiza labores de rehabilitación y reinserción social dentro de los establecimientos penitenciarios, así como el personal de Salud y de Administración y Finanzas que atiende a la población recluida, seguirá perteneciendo a Gendarmería o pasará a la nueva institución aún sin nombre?

1. ¿Qué sucederá con las remuneraciones, la asignación de modernización (trimestrales), las asignaciones de alimentación, de nivelación penitenciaria, las de movilización, etc?

1. ¿De quién dependerá el personal adscrito a las Subdirecciones de  Administración y Finanzas, de las Direcciones Regionales, y de todas las dependencias del Servicio? 

Son muchas las incertidumbres!

Son muchas las interrogantes!

Al finalizar un año y mas aun un gobierno, no solo  parece injusto dejar a los trabajadores sometidos a un futuro incierto, sino también irrespetuoso e irresponsable.

• Que, de avanzar en la improbable lógica de incorporar a nuestra Institución en dicha iniciativa legal, rechazamos categóricamente tal eventualidad, por ser absolutamente contradictoria con las líneas de modernización que Gendarmería ha implementado en los últimos años, orientadas —desde el discurso oficial— al fortalecimiento de la Reinserción Social, al respeto de los Derechos Humanos, y de los trabajadores.

• Que, en el actual contexto político —con un gobierno impopular y desconectado de la ciudadanía, a meses de concluir su mandato, y con una nueva Administración en perspectiva—, resulta doblemente improcedente siquiera insinuar la creación de una nueva institución segregando así funciones que son igualmente relevantes para la Seguridad Pública.

• Que, en toda sociedad democrática y en nuestra calidad de funcionarios públicos especializados en el trabajo penitenciario, la Reinserción Social (incluido aquellos que constituyen el soporte administrativo, técnico, de salud, informático, logístico,etc) y el respeto a los Derechos Humanos constituyen ejes fundamentales de nuestra labor, resultando absolutamente incompatibles con cualquier intento de militarizar a Gendarmería de Chile, y de segregar a sus trabajadores, opción que, por remota que sea, reiteramos nuestro rechazo frontal.

• Si Gendarmería de Chile se adscribiera, en su regulación y dependencia, a organismos policiales —como se pretende—, adquiriría una identidad ajena a su naturaleza. Las funciones de dichos organismos son antagónicas a la misión de este Servicio Penitenciario, definida en su Ley Orgánica como atención, vigilancia y reinserción.

• Lo anterior ha sido respaldado por diversos tratados y convenciones internacionales suscritos por Estados democráticos en materia de administración penitenciaria, en los que se recomienda expresamente que la tutela recaiga en los Ministerios de Justicia. Así lo señala, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe de 2010.

• Que observamos la misma incompatibilidad respecto de una ley que, bajo una lógica militarista, implicaría la desaparición de los gremios al interior de la Institución, siendo la labor sindical la que histórica y sistemáticamente ha defendido y promovido los intereses de todos los Trabajadores Penitenciarios.

• Que ADIPTGEN sigue esperando —y seguirá insistiendo— en que las iniciativas gubernamentales, en lugar de promover procesos de integración con instituciones ajenas a la Reinserción Social, destinen los recursos urgentes y necesarios para paliar el grave déficit de Recursos Humanos que afecta a todas las unidades del país, a fin de cumplir con la compleja misión de contribuir a la Seguridad Pública que el Estado nos encomienda y la ciudadanía exige.

Asociados/as y Funcionarios/as en general:

ADIPTGEN monitoreará de cerca el desarrollo de esta propuesta de Reforma, velando por los intereses de los Trabajadores Penitenciarios de Gendarmería de Chile y, paralelamente, buscará todos los espacios posibles para hacer oír nuestra voz respecto de las necesidades reales que hoy enfrentamos.

Fraternalmente,