En la misma, los dirigentes enfatizan una vez más la complejidad de la situación, y solicitan expresamente se adopten las medidas de suspensión de actividades, las que además el Contralor General de la República ha hecho propias, conminando que hagan lo propio las demás instituciones.

 La carta expresa con fundamentos jurídicos y normativos, la requerida urgencia una definición institucional, que resguarde al personal, privilegiando la no concurrencia del personal a sus trabajos como medida preventiva. La carta afirma también, que la dilatación de algunas autoridades regionales y jefaturas para tomar medidas de protección en el marco de una pandemia grave y global es impresentable, y reitera el llamado a la autoridad a permitir a los funcionarios a trabajar desde la casa.

No hay descanso para resguardar la seguridad y la salud de las y los funcionarios penitenciarios.