En concreto, los dirigentes firmantes solicitan oficiar a los Tribunales de Justicia una serie de medidas, esperando éstas dispongan la suspensión de las atenciones a los penados y colocación de tobilleras electrónicas, por un periodo definido según el avance pandémico; la paralización de ingresos y reingresos de cumplimiento de penas sustitutivas, y todo desarrollo de informe que requiera de la movilidad del funcionario, durante el periodo crítico; la suspensión de talleres y actividades en terreno; y, finalmente, instruir a las Cortes de Apelaciones, establecer firmas bimensuales o mensuales para los libertos condicionales.

Como antecedente de estas medidas, la misiva destaca que “la actividad penitenciaria comprende no sólo los deberes de vigilancia y custodia de los internos (…) sino también a las actividades de reinserción”, explicitando además –con argumentos normativos- que los funcionarios no uniformados están igualmente expuestos al riesgo, denunciando incansablemente el descuido que la autoridad ha tenido sistemáticamente para con nuestro estamento. 

Los mantendremos oportunamente informados y seguiremos realizando todas las gestiones para asegurar el bienestar y la seguridad de las y los funcionarios no uniformados de Gendarmería en este escenario de incertidumbre.