En la misiva, los representantes gremiales exponen el rechazo a la confusión entre lo civil y lo castrense, proponiendo en esta deformación conceptual y cultural, diferentes sistemas previsionales para personal que está al servicio de la misma misión institucional, lo que los dirigentes catalogan como inaceptable.
En ese tenor, y enfatizando su preocupación por la distorsión conceptual de quién es llamada a dirigir el servicio, el Directorio Nacional afirmó que se mantendrá en alerta y buscando fortalecer los vínculos con las organizaciones madre CUT y ANEF.
Del mismo modo, se intensificará el trabajo en el parlamento, denunciando la discriminación sistemática hacia el personal no uniformado.
CARTA
CARTA ABIERTA A LA DIRECTORA NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE POR DECLARACIONES EN ENTREVISTA DIARIO EL MERCURIO.
RAE: CIVIL: “QUE NO ES MILITAR, ECLESIÁSTICO O RELIGIOSO”
Manifestamos nuestra profunda preocupación por las declaraciones vertidas por la Sra. Directora Nacional en el Diario el Mercurio el día domingo 17 de Junio del año en curso, entrevista en la cual advertimos graves contradicciones conceptuales.
1.- Nuestra Organización Gremial valoró el nombramiento de una mujer en la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, atendiendo la grave deformación cultural y de identidad que ha manifestado nuestro servicio desde hace muchos años, situación que ningún gobierno ha tenido la voluntad de revertir. El hecho que doña Claudia Bendeck, con su experiencia en ámbito de recursos humanos y proveniente del mundo privado, asumiera la dirección de este Servicio Público, pareció constituir un signo de la importancia que se atribuye a Gendarmería de Chile, tanto en sus funciones de custodia como de reinserción social, en conformidad con la visión mandatada por su ley orgánica, Decreto Ley 2859, de 1979, del cual se infiere con absoluta claridad que dichas funciones son diversas pero a la vez conexas y complementarias.
Hablamos entonces, de un servicio público que, de acuerdo a las normas legales vigentes -incluso ratificadas por el actual Contralor General de la República ante la Cámara de Diputados el año 2016-, es un “Servicio Civil”, cuyo único matiz lo constituye la existencia de funcionarios uniformados y no uniformados.
En consideración a esto, nos parece inaceptable que una profesional experta en recursos humanos, como lo es la Directora Nacional, confunda lo civil con lo castrense, al proponer sistemas previsionales diferentes para estamentos de personal que se hallan al servicio de un mismo propósito institucional.
Esta tesis pareciera no tener ningún fundamento técnico de fondo, sino más bien un afán de eliminar personal sin más razón que una mera discriminación para generar “ahorros” a Dipreca. Lamentamos que con esta disposición de la autoridad persista y se agrave aún más la discriminación del estamento no uniformado, lo que sin duda vulnera la garantía establecida en la Constitución Política del Estado de “igualdad ante la Ley”, y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en su artículo 50, que consigna en lo que interesa “… el principio de que a funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en condiciones similares, se le asignen iguales retribuciones y demás beneficios económicos...”.
Para nuestra Organización Gremial resulta lamentable que la funcionaria que encabeza la Institución profundice la distorsión cultural y falta de identidad que tan gravemente se ha expresado en estos últimos tiempos en nuestra Gendarmería de Chile. Sin duda que la grave afirmación que ha hecho la Directora Nacional nos retrotrae a situaciones como las del año 2003, en que se presentó un proyecto de ley que excluía al personal no uniformado (Ley 19851 que moderniza la gestión y modifica las Plantas del Personal de Gendarmería de Chile); o al año 2012, durante el primer Gobierno del Presidente Piñera (Ley 20735). En ambas ocasiones, nuestro Gremio movilizado logró que estas iniciativas discriminatorias, contenidas en articulados específicos, no prosperaran.
Hoy día, la Directora Nacional con sus declaraciones nos obliga a mantenernos muy atentos y movilizados, y a buscar los vínculos con los gremios nacionales -CUT y ANEF-, con quienes en el pasado hemos construido las fuerzas necesarias para evitar una discriminación previsional injusta y arbitraria y que hoy nuevamente avizoramos en el horizonte, a juzgar por las palabras de la máxima autoridad del Servicio.
Denunciaremos esta situación a todas las autoridades políticas, y en particular las legislativas que ayer y hoy nos han manifestado su disposición a legislar para poner término a la discriminación que ha vivido nuestro estamento desde hace muchos años. Baste citar para ello el acuerdo legislativo número 819 del año 2009, en que los legisladores demandaban la habilitación de la Planta III y la adscripción al Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile, compromiso que no sólo fue legislativo si no también del ejecutivo, lo que quedó plasmado en la historia de la ley 20.426. Esa misma voluntad hemos encontrado en las nuevas autoridades del poder legislativo, visitadas sistemáticamente desde que iniciaron sus funciones en este año 2018.
Nos resulta inquietante que la Autoridad Superior del Servicio emita opiniones que transgreden abiertamente la legalidad vigente, considerando que la ley 19.195, de 1993, plenamente vigente, establece en qué condiciones ingresa el personal al sistema Previsional Dipreca, incluyendo por cierto, a los funcionarios no uniformados de la Institución. La sentencia judicial aludida en la entrevista por la Sra. Directora, refiere únicamente al límite de imponibilidad de las pensiones (ello, sin dejar de considerar, además, el efecto relativo de las sentencias judiciales en Chile). Insistimos, la Ley citada está vigente y es aplicada actualmente; tanto así, que la Contraloría General de la República está tomando razón de las resoluciones que conceden pensión al personal no uniformado. Interpretar y pretender lo contrario constituye una vulneración a dicha Ley.
Resulta alarmante entonces que el Gobierno del señor Piñera “NUEVAMENTE” esté pensando en un proyecto discriminatorio para el personal no uniformado, con un criterio netamente economicista.
Las contradicciones conceptuales de la Directora expresadas en la entrevista se advierten con nitidez cuando su administración compromete poner énfasis en la reinserción social de las personas que han sufrido condenas judiciales y, de otro lado, persiste en la discriminación del estamento del personal que posee las competencias técnico - profesionales para conducir procesos de administración, atención, intervención y tratamiento de quienes han delinquido y han resultado condenados.
Lamentamos que la máxima autoridad del servicio desconozca incluso los tratados recientes que el estado de Chile ha suscrito en materia penitenciaria, específicamente las reglas Mandela,( la Regla 74_ 3, que dice relación al personal Penitenciario)
El riesgo físico para el personal es inherente tanto a la labor del funcionario uniformado como del no uniformado “la labor penitenciaria como trabajo penoso definido por la ONU” es análoga para los 20.000 funcionarios de Gendarmería de Chile “con o sin uniforme”.
Junto a lo anterior, les señalamos como ejemplo que hay miles de funcionarios uniformados en labores técnico administrativas. Frente a ello cabe cuestionarse si la adscripción previsional que se propone, se corresponde con las funciones que se cumplen o “con la ropa que se viste”, lo que demuestra la falta de coherencia y lógica en la interpretación expuesta por la autoridad.
Paradojal!!!
Si bien el personal uniformado utiliza armas de fuego e instrumentos de seguridad para hacer eficaces los procesos de custodia de la población penal, el personal no uniformado comparte los mismos lugares de trabajo realizando labores de rehabilitación y reinserción a 47 mil penados que se encuentran recluidos al interior de las cárceles, y a otras 50.000 personas que cumplen sus penas en el medio libre (radicados mayoritariamente en sectores poblacionales de mayor contaminación criminógena), y sólo utiliza sus competencias técnico profesionales para conducir estos procesos.
Sobre todas estas materias exhortamos a la máxima autoridad de la Institución a la construcción de una política de personal efectiva y a la revisión de la estructura organizacional de Gendarmería de Chile, la que debe estar en correspondencia a los fines del Servicio.
Anhelamos que la Directora Nacional revise sus conceptos acerca de nuestra dinámica institucional y asuma con certeza su calidad de funcionaria pública, que dirige un “SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER CIVIL” ajeno a toda concepción castrense; entienda que el mundo militar tiene una dinámica muy opuesta al mundo penitenciario; que las armas del penitenciarismo tienen como fin último rescatar y redimir seres humanos, lograr que quienes transgredieron la ley se reinserten en la sociedad, siendo esa la misión encomendada esencialmente al personal no uniformado, desde todos sus ámbitos.
2.- En otro orden de ideas, junto con evidenciar las controversiales declaraciones de la Directora Nacional, es importante que la autoridad tenga presente que la ADIPTGEN fue quien denunció ante el anterior Ministro de Justicia y a la actual Autoridad Institucional, las eventuales irregularidades en el ámbito de la administración de los recursos económicos, en actos de licitaciones, en tratos directos y en las respectivas adjudicaciones, en el documento denominado petitorio entregado a la Directora Nacional, el 4 de abril del año en curso, (numeral 3, letras c), d), y e) del petitorio), ante lo cual esperamos se efectúe la auditoría pertinente anunciada en la entrevista, como así también, se acoja nuestra demanda de una auditoría en las acciones referidas a políticas de personal, en la cual se cometieron más de un centenar de abusos y arbitrariedades que afectaron al personal de nuestro estamento, demanda sobre la cual no advertimos mayor diligencia de parte de esta autoridad.
Adjuntamos carta abierta dirigida al Ministro de Justicia anterior y petitorio presentado usted con fecha 4 de abril del año en curso.
CC Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Cc ANEF
CC CUT
