Esta última condición es exigencia de la propia CGR. En la presentación, se solicita dejar sin efecto el oficio circular número 66 del 17 de febrero de 2021 del Director Nacional (S) que básicamente se refiere a la fuerza mayor por la devastadora crisis sanitaria que viene afectando a la humanidad por más de un año, y que ha impactado de manera catastrófica a nuestros trabajadores/as, quienes, pese a las adversas condiciones han dado cumplimiento a sus funciones, e incluso a las metas relacionadas con la misión institucional de Gendarmería. Especial relieve se da en este documento a las trabajadoras que han ejercido de manera remota su funciones bajo esta estresante realidad, cuidando hijos/as, a padres ancianos, compartiendo los espacios virtuales y equipos informáticos con la actividad escolar de sus hijos, manteniendo en funcionamiento el hogar, lo cual ha implicado que se vieran obligadas a cumplir su función más allá de las horas definidas para el trabajo en jornada ordinaria; un trabajo que lamentablemente solo logran empatizar quienes se encuentran en estas circunstancias. No ha sido decisión de los trabajadores/as dejar de realizar las actividades en terreno, propias de las funciones asignadas, tales como: visitas domiciliarias, laborales, audiencias en tribunales, gestiones en Municipios, Registros Civiles, AFP, etc.

Hubo una orden jerárquica superior para que se suspendían las actividades en terreno y esa orden superior emanó de una crisis sanitaria, son algunos de los fundamentos de esta presentación ante la CGR. Por ser precisamente razones de fuerza mayor las que se invocan, es que se solicita mantener el pago de la asignación de movilización. Pues en definitiva fueron instrucciones de las más Altas Autoridades del Estado que se suspendieran las actividades en terreno. En esta misma línea argumental se señaló que no procede el reintegro de cualquier suma ya percibida por el mismo concepto, ya que los trabajadores han actuado de buena fe y con justa causa de error, advirtiendo asimismo la extemporaneidad de la circular 66 del servicio, y que después de transcurrido nueve meses se adopta medidas perjudiciales a los funcionarios. Se solicitó también al órgano contralor evaluar la irregularidad existente en el sentido de qué muchos servidores se encuentran realizando funciones que ameritan el pago de la citada asignación, y que no figuran como beneficiarios.

Finalmente, se solicitó al órgano contralor que se pronuncie sobre el desembolso monetario que están realizando los funcionarios de Gendarmeria de Chile, que trabajan mediante la modalidad de teletrabajo, para financiar los costos de las acciones labores que son parte de los recursos financieros que recibe la institución para realizar estas acciones, y que hoy deben costear los trabajadores en el cumplimiento de su función, haciendo notar que la mayoría de estos trabajadores/as son los que perciben las remuneraciones más bajas, respecto de otras instituciones del Estado que también están utilizando la modalidad de Teletrabajo, en el cumplimiento de sus labores, como por ejemplo, los parlamentarios. Finalmente, informar que la Presidenta Nacional de ADIPTGEN, solicitó audiencia con el jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, Don Camilo Mirosevic a fin de tratar esta materia. La defensa de los y las trabajadoras no tiene pausa ni tregua, continuaremos realizando todo lo que haya que hacer en la defensa de los derechos de los Trabajadores/as Penitenciarios No uniformados de Gendarmería.