Ante tal situación, el conductor del móvil procedió a abandonar el lugar presionado y amenazado por los sujetos, dejando a la profesional en el domicilio en el que estaba realizando el control. A su salida del lugar la funcionaria, y al no encontrar el vehículo ni a su conductor, procedió a alejarse del sector, siendo interceptada por los mismos individuos, quienes procedieron a intimidarla con armas cortopunzantes y de fuego, conminándola a abandonar el lugar y amenazándola con agredirla si no lo hacía o volvía al mismo.

Consultado el chofer al respecto del abandono de la profesional en dicha situación, el funcionario da cuenta de haberse visto en la necesidad de salir de ahí producto de la amenza de muerte de la que era objeto, pero además, de la obligación impuesta por el servicio, de cumplir con el protocolo de resguardar la propiedad fiscal por sobre la integridad de cualquier funcionario.

El gremio del personal civil de Gendarmería, ADIPTGEN, ante los dichos del funcionario respecto de la existencia de este protocolo, descubre la vigencia de la instrucción dada desde la dirección Nacional de la institución respecto de la prioridad que poseen los bienes fiscales ante cualquier hecho de violencia, los cuales deben protegerse a toda costa.

Este hecho da cuenta del riesgo que corre el personal civil no solo al interior de las unidades penales, sino también durante el desarrollo de las funciones que le son propias en zonas de la ciudad en donde las policías evitan ingresar. Pero de igual manera, y tan preocupante como lo anterior, queda al descubierto las políticas institucionales, las cuales dan mayor valor a los bienes materiales de la organización que a la vida e integridad física y psicológica de su personal.